La polémica nueva Ley del Suelo

    La nueva Ley del suelo que viene a sustituir  la Ley del Régimen del Suelo de 1998 nunca ha estado exenta de polémica, entró en vigor el pasado 1 de julio y  las diferentes consideraciones que la conforman son valoradas de muy diferente manera según las trate el Partido Socialista o el Partido Popular. Vamos a tratar de enumerar las disposiciones más importantes de la ley, el objetivo que se pretende con ellas según el gobierno y como son interpretadas por el Partido Popular o por las voces críticas que dan a conocer su  reprobación a la ley.

    Lo más llamativo o popular de la nueva normativa es que se preserva un 30 % del suelo residencial para la construcción de vivienda protegida, las famosas VPO. Con ello el gobierno señala claramente que se quiere fomentar la vivienda de protección oficial. Pero las voces críticas con el gobierno señalan que esta disposición lo que hará será aumentar el precio de las viviendas libres, ya que alguien tendrá que pagar las viviendas protegidas, y serán los compradores de viviendas libres. Con ello aumentará la demanda de las viviendas protegidas ya que las viviendas libres subirían en exceso, no pudiendo entonces acceder a ellas, y  por tanto cada vez será el mayor el porcentaje de suelo que se tendrá que destinar a la construcción de vivienda social o protegida. En sentido contrario, se señala que si se forma un gran mercado de vivienda protegida a precios accesibles, como en este caso, el 30 % que obliga la ley a preservar para vivienda social del suelo de los planes urbanísticos , será mucho más complicado vender las viviendas libres a un precio mayor que sus verdaderos costes, llevando a las constructoras y a las inmobiliarias a especular menos, y a no aumentar desmesuradamente sus precios.

    Otra disposición de la ley es el aumento del suelo que las constructoras tienen que ceder al ayuntamiento cuando levantan un edificio. Anteriormente se debía ceder entre un 5 % y 10 %, ahora será entre un 5 % y un 15 %, y en situaciones excepcionales se podrá llegar hasta un 20 %. Para los que cuestionan la ley del suelo esto significa mayor aumento del terreno en el que no se puede construir y ello repercutirá en el aumento de los precios de los pisos.

    Por otra parte, según la ley, el dinero que se pague en las expropiaciones, no tendrá que ver con lo que se espera que valga en un futuro, es decir, con  las expectativas, sino con la situación real del suelo en el momento de las expropiaciones. El gobierno señala que con esta disposición queda desincentivada la especulación. Por ejemplo a través de informaciones privilegiadas se podía saber cuando unos terrenos iban a pasar de ser terrenos rústicos a urbanizables con lo que se podía ganar dinero con la recalificación de los terrenos gracias a esta información "no oficial". Pero los contrarios a la ley establecen que si un terreno rústico se va a urbanizar, al propietario se le pagará como terreno agrario, mientras que las viviendas que se construyan en el terreno valdrán igual de caras que si el terreno era ya urbano con lo que alguien se "llevará" esa diferencia en dinero negro, con lo que se favorecerá la corrupción. 

    Otra norma que establece la Ley del Suelo es que  cada vez que un plan urbanístico incremente un 20 % la población total de un municipio o el 20 % de la superficie total construida tienen que elevar esa propuesta a la Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma tiene que dar permiso y con ello aumentan los precios y el tiempo que pasa hasta que se puede construir. Esta consideración como todas las anteriores también es interpretada de diferente forma por el PSOE y el PP. Con estas revisiones de las actuaciones urbanizadoras el gobierno señala que será un importante freno contra el urbanismo descontrolado, pero contrariamente a esta argumentación los críticos con la ley señalan. que con  esta disposición que aumenta los trámites y el tiempo para poder construir, y esta cuestión  junto con el aumento del porcentaje de terreno que las constructoras tienen que ceder a los ayuntamientos dificultará la salida de suelo, con lo que será más escaso y por tanto más caro.

    Además la norma establece la obligación de publicar el nombre de todos los propietarios que hayan tenido una finca durante  los 5 años anteriores a su recalificación y alcaldes y concejales deberán hacer una declaración pública de sus bienes

    El presidente del gobierno señala que la nueva ley del suelo aumenta el número de viviendas protegidas, conduce el crecimiento urbano, protege el patrimonio paisajístico y medioambiental, aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el terreno urbanístico. Las  situaciones  a las que conducirá la Ley del Suelo que según el gobierno son positivas porque combatirán la corrupción y disminuirá el precio de la vivienda, son entendidas por el partido de la oposición como todo lo contrario, negativas porque generaran más corrupción y aumentará el precio de la vivienda.  Los que cuestionan la ley establecen que se crea con ella una artificial restricción política de suelo urbanizable, siendo este un factor que lleva al encarecimiento del metro cuadrado de las viviendas.

  El Partido Popular es partidario de que se encamine la ley del suelo hacia la liberalización del suelo  y no hacia el intevencionismo que aumenta el poder de las administraciones sobre él. Establecen las voces críticas contra la ley del suelo que cuantas más firmas sean necesarias  para llevar a cabo un proyecto urbanístico más caldo de cultivo hay para la corrupción, con lo cual según la oposición al gobierno se recorre el camino inverso que pretende el ejecutivo con la ley,  de acabar o combatir  la especulación y la corrupción. Se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo por la Comunidad De Madrid, por el Gobierno valenciano y por el Partido Popular. Esperanza Aguirre señala que la Ley del Suelo  «vulnera claramente» competencias autonómicas, ataca la propiedad privada con un «modelo stalinista», y llevará a un aumento del precio de la vivienda.

    Pero el Gobierno también se defiende porque si el PP busca que el suelo sea libre o "del todo urbanizable", Carme Chacón señala que esa medida que se incluyó en la Ley del Suelo de 1998 llevó a aumentar desmesuradamente el precio del suelo un 500 % y el de la vivienda un 150% y llevo a la opacidad o poca  transparencia y al urbanismo descontrolado. En la nueva Ley del Suelo, como en casi tantas las cuestiones, parece no haber acuerdo entre los dos máximos partidos políticos y lo que es blanco para unos, es completamente negro para otros, generándose entre ellos una auténtica guerra de guerrillas.